La Real Academia Española define de forma general la esclavitud sexual como la situación de una persona cuya vulnerabilidad es aprovechada por terceros para someterla a explotación sexual en condiciones contrarias a sus derechos fundamentales de libertad, igualdad o intimidad, afectando a su dignidad personal. En este mismo sentido, la esclavitud sexual específicamente de la mujer por razón de su género, se entiende como la privación ilegítima de la libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Cabe resaltar que La Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948 consagró la dignidad de los seres humanos, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; pero, transcurridos más de 60 años, continúan persistiendo formas de esclavitud que se perpetran cada día ante la aquiescencia o indiferencia de los países occidentales.
La trata de seres humanos es la fuente de la que bebe la esclavitud más cruda, que se materializa en forma de explotación sexual o laboral. El negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual es, quizás, más lucrativo que el de tráfico de drogas o la venta ilegal de armas. Cabe resaltar que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U), el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo, son mujeres y niñas. La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) cuantifica en 4.8 millones de personas, las víctimas de la explotación sexual forzosa en todo el mundo, el 14% de ellas en la región de Europa y Asia Central. Respecto a otras finalidades de la trata y el trabajo forzoso, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), la explotación sexual es la que cuenta con el porcentaje más alto de víctimas que son explotadas fuera de su país de origen, el 74%.
Según un Informe realizado por la organización Walk Free, Venezuela es uno de los países con mayor incidencia de esclavitud moderna. Y el gran éxodo de venezolanos por América Latina los hace vulnerables a ser víctimas del tráfico de personas. En medio de una emergencia humanitaria compleja, la trata y explotación de personas en el país va en alza. De acuerdo con el referido informe publicado por la fundación Walk Free en el año 2018; aproximadamente 174.000 sufren de esclavitud moderna en territorio venezolano, convirtiendo al país en uno de los territorios con mayor incidencia del fenómeno de América Latina.
Recientemente, en enero de este año (2020), se supo del caso de un hombre en la ciudad de Maracay, estado Aragua, que fue denunciado por el secuestro de cuatro mujeres por décadas, tres de las cuales le acusan de haberlas sometido a esclavitud sexual. El denunciado fue puesto a la orden del Ministerio Público e imputado por los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual, este último tipificado en el artículo 47 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:
"Artículo 47.- Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión"
A pesar que este delito se encuentra tipificado en la ley anteriormente comentada así como otros delitos de índole sexual y de tráfico de mujeres, tales delitos se ven favorecidos por el el desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país. En líneas generales, los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas o a otras formas de explotación. Del mismo modo, en ciertas zonas del país, particularmente hacia las fronteras, el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de grupos armados irregulares, lo cual favorece situaciones de explotación.